Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, con el objetivo de promover los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

El compromiso de nuestra institución en continuar avanzando hacia el desarrollo de políticas que promuevan la construcción de una educación superior pública inclusiva.